Miércoles, 13 de Noviembre de 2019 | 12:14 pm

Los Hechos como son - Ley de Reconciliación

Es importante profundizar en cómo se ha manejado la orden de la Sala de lo Constitucional sobre la creación de una ley de reconciliación nacional, más de 3 años han pasado pero todo apunta a que el tema continuará pendiente en el congreso.

Si tres años no fueron suficientes ¿Qué les hace creer que en 90 días se daría cumplimiento a lo ordenado por la Sala?

Tras la firma de los acuerdos de paz, en 1993, se aprobó una ley general de amnistía, mediante la que se pretendía consolidar los acuerdos pactados entre los bandos que impulsaron una guerra civil en el país durante 12 años.

Pero en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional, argumentó que la ley violaba el derecho de acceso a la justicia, a la protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que sean violaciones al derecho internacional humanitario.

Es decir, según los magistrados, a través de la ley se buscaba proteger de investigaciones a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La Sala otorgó un plazo para crear un nuevo proyecto de ley, pero luego de 3 años, nada se avanzó en el tema.

El anterior gobierno nunca entregó documentación que colaborara a agilizar el proceso, ni una propuesta clara y casi como tirándose la bola, los diputados aseguraban que estuvieron, durante ese tiempo, esperando que se les ofrecieran propuestas desde el ejecutivo.

Al final los congresistas presentaron una propuesta que incluía sustituir penas carcelarias, por trabajos de utilidad comunitaria. Este es el principal punto en discordia, pues organizaciones sociales sostiene que se debe condenar a los culpables con base a las leyes vigentes en la época del conflicto y apegados a la constitución.

Según representantes de la organización Pro Busqueda el congreso mantiene en pie un muro protector a favor de quienes podrían resultar salpicados con las acusaciones.

Otra de las propuestas de la Asamblea es que laFiscalía sea la cabeza que dirige las investigaciones de crímenes y desapariciones, se debe elaborar un listado de los casos a ser investigados y procesados judicialmente, pero nuevamente, organizaciones discrepan, aseguran que durante años, las instituciones estatales, poco o nada han hecho para profundizar en los casos.

La primera acción del gobierno actual, fue mandar a borrar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la fachada de la tercera brigada de infantería. El estratega militar es señalado como el líder que orquestó la masacre del Mozote hace 37 años.

Quienes piden reparación de daños aplaudieron la iniciativa y aseguran que así, Bukele, lanzó un mensaje de cooperación con la verdad.

El primero de noviembre el juez que ventila el caso del Mozote ordenó al presidente abrir los archivos militares referentes a la masacre, el mandatario aseguró que al recibir la petición por escrito se escudriñará y entregara todo el material solicitado.

El 13 de julio, venció el plazo otorgado a los diputados para aprobar una nueva ley de reconciliación, pero solicitaron un plazo de 90 días para continuar con la discusión, para ese entonces, 3 años después, no se legisló nada en el tema, la sala les concedió otros 4 meses.

Organizaciones entran nuevamente al radar, señalan que los congresistas que conforman la comisión política, están señalados en algunas acusaciones y por eso procrastinan sus responsabilidades.

Verdad justicia y reparación, es lo que solicitan familiares y víctimas del conflicto armado, pero los casos continúan en espera.

La comisión política estaba a menos de 24 horas para que se cumpliera el plazo otorgado por la Sala para presentar la nueva propuesta, pero decidieron convocar a última hora a una plenaria extraordinaria para solicitar una segunda prórroga.

¿Se logrará realmente crear una ley de reconciliación nacional?
 

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